La cumbre de Sevilla concedió especial importancia a las políticas de inmigración. También se confirmó el compromiso a disponer de medios para una lucha eficaz contra el terrorismo. Los avances de las negociaciones de ampliación, la reforma del Consejo y la situación económica fueron otras cuestiones abordadas.

El Consejo Europeo de Sevilla ha hecho hincapié en la necesidad de instrumentar una política común de asilo e inmigración. En concreto, se ha insistido en la gestión de flujos migratorios en colaboración con los países de origen y tránsito de los inmigrantes. Y se considera necesario llevar a cabo una evaluación sistemática de las relaciones con terceros países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal. Una cooperación insuficiente podría dificultar la intensificación de relaciones. Eventualmente, el Consejo podrá constatar por unanimidad una falta injustificada de colaboración y adoptar medidas al respecto. Esa gestión debe buscar un equilibrio entre la integración de los inmigrantes legalmente establecidos por un lado y la lucha decidida contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos por otro. Como principios, se afirma que la aspiración legítima a una vida mejor debe conjugarse con la capacidad de acogida de la Unión. La integración entraña tanto derechos como deberes y el respeto de los derechos fundamentales por todas las partes. En cuanto al asilo, se aboga por una protección rápida y efectiva, por mecanismos para evitar el abuso y por acelerar el retorno al país de origen de los rechazados.

Entre las medidas a las que debe darse prioridad en la lucha contra la inmigración ilegal figuran la elaboración de una lista de países a los que se exigirá visado (antes de fin de año) y la aprobación de un programa de repatriaciones. También, antes de fin de año, se pondrán en práctica operaciones conjuntas en las fronteras exteriores.

En lo que respecta a la lucha contra el terrorismo, se subraya que continuará siendo un objetivo prioritario de la Unión Europea, según figura en un anexo de las conclusiones, ya que el terrorismo es un verdadero desafío para Europa y el mundo, y una amenaza para la estabilidad y la seguridad, añade el texto. Se hace hincapié en la incorporación de la lucha contra el terrorismo en todos los aspectos de las relaciones exteriores de la Unión y, en este sentido, se sugiere proporcionar ayuda a terceros países para reforzar su capacidad de respuesta al terrorismo, incluir cláusulas antiterroristas en los acuerdos de la UE con terceros países y evaluar las relaciones con terceros países en función de su actitud hacia el terrorismo.

También se deliberó de forma exhaustiva sobre la reforma del Consejo, proceso que se ha materializado con el acuerdo de una serie de medidas que no requieren modificar los Tratados. Se ha abierto en Sevilla el debate sobre la presidencia del Consejo y se ha constatado la voluntad general de adaptar el actual sistema de rotación semestral, pero respetando el principio de igualdad entre los Estados miembros. Se prevé un informe del Consejo para diciembre 2002, fecha en la que también debería presentarse una propuesta sobre el uso de las lenguas en una Europa ampliada.

La cumbre de Sevilla, en materia de Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), ha apostado por fortalecer la capacidad de lucha contra el terrorismo. También se ha confirmado la voluntad de la Unión de asumir operaciones de gestión de crisis y un ejemplo será el relevo de la actual operación de la ONU en Bosnia a partir del 1 de enero de 2003.

Progresos decisivos se han realizado en las negociaciones de adhesión durante este primer semestre. El Consejo Europeo considera que se ha respetado el plan de trabajo aprobado en Niza y confirma que, de seguirse el ritmo actual, la UE podrá concluir las negociaciones con Chipre, Malta, Hungría, Polonia, República Eslovaca, Lituania, Letonia, Estonia, República Checa y Eslovaquia a finales de 2002, si estos países están preparados. Considera 'razonable' que en la primavera de 2003 pueda firmarse el Tratado de Adhesión, para que los nuevos miembros participen en las elecciones europeas de 2004. Pero matiza que para respetar esos plazos, cada país candidato deberá adoptar 'un enfoque realista y constructivo'. En cuanto a Bulgaria y Rumania, si siguen el ritmo actual, antes de fin de año podrá establecerse un calendario más preciso para su adhesión. Respecto a Chipre, la UE 'sigue dando preferencia' a la adhesión de una isla reunificada. En relación a Turquía, en la cumbre de Copenhague en diciembre, 'podrían tomarse nuevas decisiones sobre la etapa siguiente de la candidatura', reza el texto de las conclusiones del Consejo.

El Consejo también ha tomado nota de la declaración de Irlanda de que las disposiciones del Tratado de Niza no afectan a la política de neutralidad militar de Irlanda. En las conclusiones se señala que la aprobación del Tratado de Niza es una 'condición para que la ampliación tenga lugar en los plazos previstos'.

Respecto a las políticas económicas, el Consejo Europeo reafirma su adhesión al Pacto de Estabilidad y Crecimiento e invita a los Estados miembros a aprovechar la recuperación económica para sanear las finanzas públicas.

Respecto a las reflexiones sobre cómo legislar mejor, se confía en que pueda lograrse un acuerdo interinstitucional antes de finales de año, según figura en las conclusiones.