 Entre
las medidas más destacables que prevé la Directiva,
se permite a los Estados miembros la conservación de
datos durante un plazo limitado y si está justificado
para preservar la seguridad nacional, la seguridad pública,
o la persecución de delitos. Aún así,
la enmienda introducida por el Parlamento exige que esta medida
se adopte sólo si es necesaria, proporcionada y apropiada
en una sociedad democrática.
Respecto a las comunicaciones electrónicas no solicitadas
("spamming") se exige el consentimiento previo
(opt-in) del usuario para la recepción de mensajes
no solicitados con fines de venta directa enviados por sistemas
de llamada automática, faxes y correo electrónico.
Respecto a la inclusión de datos en guías
públicas, el Parlamento acepta la posición
del Consejo de que los abonados puedan decidir si quieren
figurar en la misma y puedan solicitar su exclusión
de forma gratuita.
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